Consejo de la Memoria Democrática del Principado de Asturias
El Consejo de Memoria Democrática es el órgano consultivo y de participación creado para impulsar las políticas de memoria democrática en el Principado de Asturias. Su objetivo principal es garantizar el derecho ciudadano a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en relación con los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Este Consejo se regula por la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en Asturias, y por el Decreto 14/2023, que desarrolla dicha ley. Entre sus funciones destacan:
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Asesorar al Gobierno del Principado en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
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Proponer medidas para la localización, identificación y dignificación de las víctimas.
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Fomentar la investigación y la divulgación sobre la memoria democrática.
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Impulsar la participación social en las políticas de memoria.
El Consejo está formado por representantes de la Administración, entidades memorialistas, expertos y organizaciones sociales, garantizando una visión plural y participativa.
Composición del Consejo
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Presidencia: La persona titular de la Consejería competente en materia de memoria democrática.
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Vocalías:
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Representantes de las distintas consejerías del Gobierno del Principado de Asturias.
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Representantes de los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.
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Un representante de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
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Un representante de la Universidad de Oviedo.
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Representantes de las entidades memorialistas inscritas en el registro correspondiente.
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Personas expertas en historia, derechos humanos y memoria democrática, designadas por el Gobierno.
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Secretaría: Una persona funcionaria designada por la Consejería competente.
Este diseño garantiza la participación institucional, académica y social en la elaboración y seguimiento de las políticas de memoria democrática
Normativa
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Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en Asturias
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Decreto 14/2023, por el que se desarrolla la Ley 1/2019